Crónicas Políticas.
Por: Luis Ignacio Palacios.
Ayer, la edición del influyente periódico “Reforma” de la ciudad de México, en su primera página desplegó el dicho de Alejandro Martí –líder la organización SOS- criticó los gobernadores del país por incumplir y actuar con desdén para implementar la reforma penal que lleve a la práctica los juicios orales; la nota señala que el Distrito Federal, Colima y Nayarit “son las entidades con más retraso”.
El duro calificativo se apoya en el informe que presentó José Oscar Vega, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Pública; la exhibida a los gobernadores omisos se llevó a cabo durante el Cuarto Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia, con el rubro de “A cuatro años de la Reforma Penal”; sin duda alguna, la nota causa escozor en los Estados señalados, pero, como nadie en estos foros da patada sin huarache, el escriba pregunta ¿ah chingá..! a póco..? estamos igual que jodidos que en el de efe..?
De hecho, el escriba ignora la conflictiva actual de Colima, sobre el tema, recuerdo que su clase política y el foro judicial, tiene las características de ser una extensión de Guadalajara, pero luego del homicidio del ex gobernador Silverio Cabazos, aquella plaza se enturbió con los efectos de la densidad criminal, por el control de la ruta de acceso de los precursores para las drogas sintéticas que entran (¿entraban?) por el puerto de Manzanillo
Ora que no solo estas entidades señaladas las que tienen el atraso, Sinaloa, Veracruz y otras más, que en total son dieciocho entidades que aún no implementan el sistema penal acusatorio donde la oralidad es la norma; todos estos Estados, llevan desiguales avances en el seguimiento de implementar en sus sistemas de procurar y administrar justicia, la reforma constitucional, se imbrican cuestiones singulares de cada gobierno, algunas son administraciones divididas, es decir que el poder ejecutivo y el legislativo e incluso el judicial, están en manos de partidos políticos diferentes.
En tales casos, los problemas de operación son en gran medida por los celos que existentes entre los Procuradores de Justicia y su gente, con el Presidente del Tribunal de Justicia y sus jueces; amén que mete su cuchara en la polla el diputado presidente del congreso del Estado; ¿porqué..? por lo que implica la rebatinga de meterle mano a los recursos que la federación tiene previsto para estos menesteres, y el manejo del presupuesto implica, nuevas plazas, sobre todo especializadas.
En la primera visita a Tepic de Felipe Borrego Estrada, secretario técnico del consejo de coordinación para la implementación del sistema de justicia penal, ya con el nuevo gobernador, con ese olfato zorruno que tiene Roberto Sandoval, estuvo inquiriéndole, los cómos de los convenios y dado su experiencia, le dijera los tiempos que otras entidades han requerido para implementar el sistema oral; incluso en conferencia de prensa, a pregunta del escriba, nos dijo Borrego Estrada que si se aplican los recursos humanos y financieros, en un año es posible implantar el nuevo sistema de justicia penal.
LA COMISIÓN TRIPARTITA LOCAL
La administración de Roberto, con las características de su persona, cauteloso, inquisitivo y desconfiado, supo armar el esquema de la comisión tripartita para la implementación del nuevo sistema de justicia penal en la entidad, por el manejo de su talante y hegemonía política, y por la espléndida actitud de colaboración del diputado presidente Armando García Jiménez; y desde luego, por la entusiasta participación de Pedro Antonio Enríquez, quien como nadie ha entendido el cambio de sexenios, y lleva al poder judicial por el mejor de los caminos institucionales.
Tiene el gobernador, en la persona de Miguel Ahumada, un joven abogado talentoso y hábil como postulante, conocedor como pocos del foro local y de los escenarios en que se desenvuelve este proceso en otras entidades de la república, el mejor de sus colaboradores, nombrado secretario técnico de la comisión tripartita, quien hasta la fecha ha estado cumpliendo escrupulosamente la ruta crítica que señalan las engorrosas reglas de operación de la Sectec, el organismo burocrático de la Secretaría de Gobernación operador de los convenios para la ministración de los recursos.
LO QUE NO DIJO EL CNSP
En su oportunidad, el gobierno de Nayarit, por el titular del TSJ, el diputado Presidente y el Secretario Técnico de la Comisión estatal Tripartita presentó cinco programas, todos fueron aprobados por la Sectec, se presentó un presupuesto inicial de diecisiete millones de pesos; y luego de una largueza propia del gobierno de la república, fueron aprobados solo cuatro millones..! los cuales desconoce el escriba si ya fueron radicados a la entidad local responsable de aplicarlos.
Pero le fue bien al gobierno de Roberto, a Malova, gobernador de Sinaloa, con todo y que surge de una alianza política con el Pan, este año, no recibió ni un solo peso de los recursos que se supone deben de asignarse una vez que se firman los protocolos, convenios, programas de capacitación y todos los etcéteras que reclama un cambio de esta trascendencia.
Resulta entendible la diatriba de Alejandro Martí, por la procedencia de su legitimidad como contestatario del cochinero que existe en la procuración de justicia en el DF, le mataron a su hijo; lo que a juicio del escriba es políticamente improcedente es el dicho del secretario del CNSP, y menos aún la enérgica expresión del presidente Calderón que iracundo preguntó si van a limpiar las instituciones e implementar en los Estados el nuevo sistema penal.
Autores de la reforma, sí, pero mala leche, el escatimar la generación de recursos, gracias a la pérfida burocracia que han implementado en la Secretaría de Gobernación para la asignación del presupuesto que es indispensable para el cambio de 360° que impone la reforma constitucional en los Estados; no es “enchílame esta gorda”, es una tarea de romanos, construir una procuración y administración de justicia, medianamente digna para que los poderes de Nayarit, respondan en sus tiempos para implementar el nuevo sistema de justicia penal.
Ante el linchamiento mediático, los de la comisión tripartita, bien le pueden revirar al Consejo nacional de seguridad pública, “Nayarit está haciendo lo conducente, rascándose con sus uñas, donde estamos atrasados es con ustedes en la Sectec de la Secretaría de Gobernación”; pregunta final, ¿estará tan mal informado el presidente Felipe Calderón que desconoce el ritmo de la asignación de recursos para la reforma penal en los Estados..? si no lo sabe, malo; ¿y si lo sabe..? peor..! es pirotecnia política con la obviedad de imbricaciones electorales…
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