Crónicas Políticas.
Por: Luis Ignacio Palacios.
El proyecto de Ley para el Desarrollo Agrícola Sustentable del Estado de Nayarit, que presentó el Diputado Presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo, Ing. Armando García el 27 de Marzo del presente año, se encuentra en estudio en comisiones para su dictamen, previamente se hicieron varios foros en los cuales, expresaron sus particulares puntos de vista, las organizaciones de productores y gente interesada en el sector; como un buen pastel, lleva con calma todos los ciclos del proceso legislativo, está en el horno cocinándose con meticulosidad como debe corresponder a la naturaleza del proyecto y el origen de su autor.
En efecto, una vez leída la amplitud explicativa que contiene la exposición de motivos, podemos calificar que esta Ley que busca poner en vigencia en la entidad, es la suma de su experiencia, de su visión de una economía agrícola moderna y un instrumento de transformación del agro náyaro; es una magnífica oportunidad para explorar cuáles son las grandes preocupaciones sociales del diputado presidente.
De entrada hace una sucinta relación de aspectos estadísticos de la extensión de terreno susceptible de cultivo, los productos líderes en la producción local y el concepto de “justicia para los hombres del campo” y nos recuerda que, “impulsamos la justicia a favor de los hombres y mujeres del campo, cuyo trabajo, hace fructificar en la tierra los productos que toda nuestra sociedad demanda; no se debe olvidar, que cuando el campo está bien, los beneficios permean a todos los sectores de la población.”
Una de las cuestiones políticas más importantes que subyacen en la iniciativa del diputado presidente, es establecer de manera fideidigna una política de Estado para el desarrollo rural, señalando que la rectoría del gobierno debe estar “por encima de las naturales diferencias entre las fuerzas políticas..” la intención es la concertación de compromisos de desarrollo a largo plazo, para que las actividades de producción agropecuaria tengan seguridad, confianza y certidumbre en sus protagonistas.
Esta es la condición que le establece al Estado, la Ley que presentó Armando García; además, pretende el establecimiento de un Consejo Estatal para el Desarrollo Sustentable que busca propiciar la participación de todos los productores y agentes de la sociedad rural en las definiciones de las prioridades regionales, para lo obvio y trascendente, planear y distribuir los recursos que los tres niveles de gobierno destinan para las inversiones productivas; este es, a juicio del escriba, la base del desarrollo agrícola sustentable.
Busca esta Ley, resolver la grave deficiencia del agro local, la comercialización de todos los productos, mediante la concertación con los productores y los mercados nacional e internacionales, ofertando bajo las mejores condiciones de competitividad, y esquemas de apoyo del Estado.
CONFRONTEMOS LA REALIDAD
Nadie en su sano juicio puede reñir con las intenciones trascendentes que esta Ley en proceso plantea para la economía agrícola; ¿habrá quién se oponga a los nuevos esquemas de generación de créditos..? ¿no les puede gustar el establecimiento de criterios racionales, económicos, de justicia y no la aplicación de criterios políticos..?
Si, desde luego que existen personajes a los cuales estas nuevas proyecciones de una política del gobierno del Estado les pueda molestar, por la simple razón de que atenta en contra de sus intereses creados, intereses acumulados en los liderazgos tradicionales.
Muchos de ellos, de pescadores, de ganaderos, de agricultores de maíz, sorgo, tabaco, jícama, jaca, de hortalizas, etcétera, estarán en contra, por qué de tener vigencia esta Ley, de aplicarse todos los exigentes extremos para la planeación agrícola, y las políticas de darle prioridad a las regiones que lo ameriten, se les acaba su modus vivendi, solo hay que ver el desfile ante la Seder, Sagarpa, Sedesol y la oficina del gobernador, de viejos líderes que se han hecho expertos en el manejo de la problemanía de la gente del campo.
Saben presionar como grupo político corporativo, para la generación de subsidios, créditos a fondo perdido y demás recursos públicos que se han venido trasladando desde el gobierno de la república a los estados, vía las delegaciones estatales y los gobiernos de cada entidad, y que a al final, van a parar a sus bolsillos, en el consabido aprovechamiento ilegítimo clientelar de los recursos públicos.
Por esta aún vigente condición, viejos y nuevos políticos se encuentran que es parte sustancial de los hombres y mujeres de campo; no pueden ir extensionistas, asesores agrícolas o ganaderos del gobierno estatal o federal al desarrollo de organizaciones para la producción, pretendidamente alejadas del corporativismo político, sin que se estrellen las buenas intenciones en la actitud acomodaticia del beneficiario de los programas; es la norma, ponen cara de occisos y dicen: “están bién, (y extendien la mano..) y el gobierno con qué me va ayudar..”
Esta es la tarea más difícil a la que se enfrentan las buenas intenciones de los políticos, puede ser un ejercicio inútil querer seguir cambiando nuestra ingente realidad y la actitud pedigüeña del productor rural, mediante decretos de reglamentos y leyes buenas como la iniciativa del diputado presidente Armando García.
Sería sin duda una tarea de muchos actores que están en rededor de la aplicación de los programas y recursos públicos, romper la cadena de vicios, ineficacias, corrupción y desaprovechamiento del presupuesto de los gobiernos es una tarea de romanos. Con esta Ley, el diputado presidente hace su tarea, es tiempo que la gente, sus destinatarios, empiecen a hacer la suya, que se liberen de sus servidumbres y atavismos que impiden el desenvolvimiento armónico de nuestra economía agropecuaria.
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