Por: Lot Gamboa.
En México este año se realizará el Proceso Electoral Federal 2011-2012, será el domingo 1° de julio, ese día se elegirá Presidente de la República, 128 Senadores y 500 Diputados Federales.
El 17 de octubre de 1953 se promulgó la reforma constitucional que otorgó el voto a las mujeres mexicanas en el ámbito federal, pero no sólo se obtuvo poder votar sino también, el derecho a representar un cargo de elección popular, condición que se les exige a los partidos políticos de considerar cumplan con el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) en su artículo 219 que dice “De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, deberán integrarse con al menos el cuarenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad”(COFIPE).
El registro de candidatos concluyó el 22 de marzo; en donde se observó por el Instituto Federal Electoral (IFE) que de los 7 diferentes partidos políticos existentes sólo 2 de ellos cumplieron con este mandato en cuanto a inclusión de género; los partidos que no alcanzaron a cumplir con la paridad son: PAN, PRI, PVEM, Movimiento Ciudadano y del Trabajo; además que en coaliciones los partidos que conforman Compromiso por México (PRI-PVEM) y Movimiento Progresista, excepto el PRD, tampoco cumplieron con lo establecido por ley.
El IFE llevó a cabo el 30 de marzo una sesión urgente en la que formalizó la solicitud del plazo de 48 horas para que los partidos políticos cumplieran con la cuota informando que se amonestaría públicamente a los partidos y les dará 24 horas más, y de no cumplir en ese plazo perderían el registro y el Instituto sorteará a los candidatos hasta alcanzar la cuota.
A la par de la exigencia legal para el registro de candidaturas también re-apareció el fenómeno de las llamadas “Juanitas”; es decir, aquellas candidatas inscritas por sus partidos políticos para cubrir el requisito de porcentaje de género, pero que al comenzar la legislatura piden licencia para dejar en su lugar a suplentes varones; o lo que también llaman “elusión jurídica”.
El año pasado en el pleno de la Cámara de Diputados se aprobó un proyecto de reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales contra las llamadas diputadas y senadoras Juanitas, que tan pronto como asumen el cargo, solicitan licencia para dejar su curul y cederlo a esposos, hermanos o “padrinos políticos” registrados como sus respectivos suplentes. Avalada con 285 votos a favor y tres abstenciones, la enmienda a la legislación electoral impone por ello a los partidos la obligación de integrar cada una de las fórmulas de aspirantes a la Cámara de Diputados y al Senado con candidatos propietarios y suplentes de un mismo género.
Las cuotas de género se cumplieron, pero esta situación ocasionó que muchos candidatos elegidos democráticamente fueran sustituidos por mujeres, muchas de ellas esposas o hermanas de militantes de los diferentes partidos políticos, o miembros femeninos del partido que no habían sido elegidas como candidatas por la mayoría de integrantes de su partido.
Al menos una docena de candidatos panistas presentaron juicios de protección de derechos políticos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En ellos alegan que ganaron sus nominaciones por la vía que estableció su partido, de manera que no procede que les quiten sus candidaturas.
Según la agencia de noticias Vanguardia, se dieron algunos casos como del priista Esteban Valenzuela García, ex alcalde de Ahome, Sinaloa, quien cedió su candidatura a diputado federal por el segundo distrito a su esposa, María Victoria Vega de Valenzuela; otro caso el de Raúl Orihuela González como candidato propietario por la segunda fórmula de Querétaro al Senado le permitió a la panista María Marcela Torres Peimbert, esposa del ex gobernador Francisco Garrido, convertirse en candidata por mayoría relativa; y como estos ejemplos se dieron similares en todo el país y en diferentes partidos.
El PAN fue el primero en entregar sus listas de candidaturas a diputados y senadores modificadas para cumplir con el mínimo de 120 lugares para mujeres en diputados y 26 en senadores. El PRI y los partidos de izquierda entregaron sus listas al IFE, Sebastián Lerdo de Tejada representante del PRI, mencionó que su partido realizó 54 cambios, mientras que Camerino Márquez, comentó que el PRD sólo hizo 28. Mientras que la coalición Comprometidos por México, integrada por el PRI y el PVEM, sustituyó un total de 54 candidatos hombres por mujeres, informó el presidente nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell.
Sin embargo, para el caso de los candidatos a la Cámara de Diputados, el PRI excedió el número de varones y fue necesario sustituir a 22 por mujeres, a quienes se le suman otros 28 que debieron sustituirse como producto de la coalición con el Verde, lo cual hizo un total de 22 candidatos varones de origen priista y 32 del Verde sustituidos por el mismo número de mujeres.
Análisis del caso
El artículo 4 del Código Federal Electoral dice “Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para integrar órganos del Estado de elección popular. También es derecho de los ciudadanos y obligación para los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la equidad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular.”
Como se observa en este artículo del COFIPE busca que el referente ético de la política sea la persona, se busca que el derecho humano de la igualdad de género forme parte de los procesos electorales, se aplica una ética de mínimos con carácter universal garantizando la equidad y la justicia en cuanto a la igualdad de oportunidades, aquí este derecho fundamental es recogido por la ley con la finalidad que se garantice su cumplimiento.
Mediante la cuota de género se busca la igualdad de oportunidades, donde los partidos políticos y la Cámara de Diputados a través del COFIPE ejercen el principio subsidiario de no permitir la discriminación, buscando una Ética de las Administraciones Públicas.
En la inclusión de las mujeres en número equivalente a los hombres como candidatas es el resultado de la responsabilidad moral que le da fuerza a la vida pública a través de sus actores, como lo es El Congreso de la Unión a través de la Cámara de Diputados, los diferentes candidatos y líderes de los partidos políticos y las autoridades electorales, ya que buscan cumplir este requisito con el fin de que haya equidad de género. Sin embargo esta responsabilidad moral de algunos actores políticos se cuestiona con la inclusión de las “juanitas” que convierte a esto en un acto legal, pero con un trasfondo que es inoportuno políticamente y donde muere la verdadera intencionalidad ética, donde el derecho busca que los contenidos morales sean respetados.
Respecto a la opinión pública, la mayoría de los medios masivos aplauden el hecho de que los partidos busquen completar la “cuota de género” sin asumir la responsabilidad de que se está promoviendo la inclusión de personas como candidatas que no fueron elegidas mediante un proceso democrático, llevando a lo que Manuel Volloria define como “ética de la ocasión” ya que está siendo manipulada por los medios y partidos políticos para mostrar una cara de ser éticamente responsables.
Lo que buscan los partidos políticos con el apego a la legalidad en cuanto a la cuota de género es la legitimación del poder, ya que como señala el profesor Perez Duarte “el poder político es necesario para garantizar la convivencia, pero puede convertirse en instrumento al servicio de quien lo ejerce y, por consiguiente, surge la corrupción. El poder no es el fin último de la política, pero sí su fin instrumental.” (Pérez Duarte)
Los candidatas femeninas que sustituyen a sus homólogos varones en su mayoría, su candidatura no proviene o es resultado de un proceso democrático y tampoco fueron elegidas mediante el sufragio por lo que no se está dando una democracia participativa; Camacho indica que “el Estado democrático de Derecho significa un paso más la participación de todos en la asignación del poder mediante el sufragio, y el paso al Estado social que supone garantizar una igualdad básica de oportunidades para todos” (Camacho 49).
También Camacho (2011) distingue 3 niveles para evaluar el grado de democracia y obtener una democracia participativa, iniciando con lo más formal como el modo de elección de los representantes hasta establecer condiciones reales de participación mediante el desarrollo de una cultura política; cuyos rasgos se caracterizarían por la tolerancia, el diálogo, la capacidad de negociación y el respeto de las reglas del juego de la democracia. (pp. 53-54)
Lo que debe llevar a la búsqueda de equidad de los candidatos es buscar y ejercer la democracia y que los partidos políticos busquen el bien común más allá del beneficio individual que se obtiene con un puesto de elección popular. Cuando existen prácticas que los partidos llaman de “elusión jurídica” lo que afectan es la calidad democrática y del verdadero sentido de igualdad de oportunidades.
La democracia debe radicar en la verdad, y como se mostró muchas de las candidaturas fueron suplidas por avatares donde son enemigos de la sociedad ya que hacen de lo social su ambición personal y destruyen su imagen política y la convivencia de la sociedad; cometen un mal mayor que es la violación del proceso democrático y debilitan las condiciones del discurso ético para juzgar la moral de las decisiones democráticas.
La práctica de elusión jurídica no promueve el bien público, el bienestar general, ni el sistema de derechos, tampoco elimina la injusticia deontológica y la paradoja de las manos sucias subsiste. No se cumple el principio de generalidad. Las candidatas “puestas” minan la legitimidad de sus funciones de garantía y con ello el fundamento de su independencia. Mediante esta práctica todos somos afectados.
Conclusión
No está en duda sobre el importante paso que se da al legislar sobre la cuota de géneros en cuanto a la participación política, ya que es el mecanismo que puede no sólo promover sino obligar a que haya una participación equitativa en puestos de elección popular en los distintos partidos políticos. Es notorio que esto ha logrado que los partidos políticos se cuestionen sobre si realmente le dan importancia a la mujer como militante política y además que busquen abrir espacios (aunque sea obligados por la ley) para que la mujer tenga representatividad.
Al ver que sólo dos de siete partidos en México cumplen con la cuota de género, hace suponer que o la mujer no participa en la política o no es tomada en cuenta; y cualquiera de las dos circunstancias debe de importar ya que ambas son el reflejo de actos discriminatorios y faltos de equidad.
Para que una mujer le quite su espacio en una curul a un hombre tuvieron que pasar casi 60 años, esto hace una revolución en cuanto a las relaciones de poder y gobierno que se tienen en países como México, donde por ejemplo el presidente de la República Vicente Fox en el 2006 afirmó que “el 75 por ciento de las familias mexicanas ya disponía de lavadoras, y no de dos patas, ni de dos piernas, sino lavadoras metálicas”.
Se logrando la legitimidad como objetivo de la equidad de género, se han modificado las leyes que forman ya un precedente para actuar en situaciones similares futuras y crea un Estado de Derecho.
La sociedad es observadora de los cambios y al ver que la exigencia de las instituciones de la participación de la mujer en los partidos políticos hace que reaccione sobre las razones de este mandato.
Pese a todas estas bondades, no se puede omitir las limitaciones que se tienen todavía, como la poca o nula participación de la mujer en las cámaras, se tiene garantizando una equidad en número no en calidad de la participación; también no está normado sobre qué se va a hacer en los casos de las mujeres que prestan su nombre a un hombre (Jaunitas), se tiene que generar normatividad que apoye un ejercicio democrático que sea representativo.
Los actores deben promover un proceso transparente que sea público y autónomo según los principios generales de la democracia; mismo que brinde una solución que respete los valores fundamentales compartidos por todos, tanto a los legisladores como a la ciudadanía. Se deben respetar las reglas del juego de la democracia, que rehúyen al autoritarismo y la coacción. Las mujeres no deben aceptar convertirse en “Juanitas”, ellas deben buscar la justicia sin buscar la publicidad de su partido o el bien individual de la persona que las manipula.
Bibliografía
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Camacho, Ildefonso, 2011, Capítulo 2: la política y la ética política. En Hortal, Augusto y Etxeberria, Xabier (Eds.) Ética de las profesiones: Profesionales y vida pública.(pp. 37-64) Bilbao: DDB
Etxeberria, Xabier,2011, Capítulo 6: La sociedad civil: Iniciativa social y bien público En Hortal, Augusto y Etxeberria, Xabier (Eds.) Ética de las profesiones: Profesionales y vida pública.(pp. 151-176) Bilbao: DDB
Ferrajoli, Luigi, Principia iuris. Teoría del derecho y de la democracia. 2. Teoría de la democracia. Madrid: Ed. Trotta, 2011. -“Instituciones democráticas y talante democrático”: Ildefonso Camacho Laraña, en HORTAL, Augusto y ETXEBERRIA, Xabier. Profesionales y vida pública. Bilbao: Ed. Desclée de Brouwer, 2011.
Pérez Duarte, Javier, 2012, Maestría en ética para la construcción social. Administraciones públicas: ética de las administraciones públicas. Unidad 2. El papel del Estado en las democracias modernas y sus relaciones con otros agentes sociales. Bilbao:DDB (recurso en línea)
Pérez Duarte, Javier, 2003, Claves del pensamiento político de Julián Marías. Bilbao: Universidad de Deusto.-“Las manos sucias democráticas”:
Thompson, Dennis F. 1999, La ética política y el ejercicio de cargos públicos. Barcelona: Ed. Gedisa. -“La necesidad de publicidad”:
THOMPSON, Dennis F. Op. cit. -“Deontología de los poderes públicos”:
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