Ney González no está exento

Ney González no está exento de responsabilidad de desvío al erario.

Entrevista con Arce Montiel:

 

Por: Oscar González Bonilla.

 

 

Secundar el propósito de legisladores panistas en la demanda de juicio político al ex gobernador de Nayarit, Ney González, por comprobable malversación de fondos públicos, no es una acción coyuntural de la bancada perredista porque existe antecedente de señalamientos de irregularidades en tribuna y comisión de hacienda cuando se discutió la cuenta pública de 2010, “incluso votamos en contra del dictamen aprobatorio”, afirmó el diputado Miguel Ángel Arce Montiel.

La negativa de aprobación fue porque los diputados perredistas consideraron que no era claro ni transparente el manejo de recursos en la cuenta pública 2010, situación comprobable cuando al reclamo social el gobierno de Roberto Sandoval contesta siempre que no hay recursos porque sin ellos los dejó la anterior administración de Ney González, sin embargo “el gobernador debe buscar solución al problema de financiamiento”. El diputado Arce Montiel sostiene que ante la oportunidad de juicio político, “actuamos con congruencia”.

AÚN TIENE RESPONSABILIDAD NEY GONZÁLEZ

Aprobar cuentas públicas del gobierno de Ney González hasta 2010 no lo exime de responsabilidad, mientras esté pendiente la de 2011, sujeta a auditoría por el Órgano de Fiscalización Superior, explica el legislador perredista. También argumenta que la Auditoría Superior de la Federación realiza revisión del gasto federalizado por parte de la administración estatal anterior. Cita como ejemplo la carretera a Colorado de la Mora, municipio de Tepic, que se dejó sin concluir, “se gastaron todo el dinero y nada más hicieron el diez por ciento de la obra, precisamente cuando Roberto Sandoval era alcalde”. Este asunto está en proceso en la ASF.

MAYORÍA PRIISTA PODRÍA IMPEDIR JUICIO POLÍTICO

El juicio político es la forma correcta del camino hacia el objetivo de resarcir el daño al patrimonio estatal, sostiene el diputado Arce Montiel. La ley establece que durante el primer año de haber terminado período constitucional, a Ney González pueden fincársele responsabilidades. Se inicio el trámite localmente, aunque bien pudiera haberse hecho nacionalmente, se justifica. Pero el entrevistado considera que esta es una forma de probar congruencia y responsabilidad de los 30 diputados que integran la XXX legislatura, pero Arce Montiel tiene bien claro que el PRI es mayoría, entonces de ellos dependerá en gran parte que prospere la demanda de juicio político.

Explica el entrevistado que el juicio político es un procedimiento legislativo que se inicia despojando de inmunidad al exgobernador, luego la discusión se ventila en las diversas comisiones legislativas y se concluye con la decisión de aprobación o desaprobación de la demanda de juicio político. Al mismo tiempo asentó que la denuncia penal sería un complemento, hay tiempo para hacerlo, ir integrando elementos que configuren el delito para la denuncia penal.

MOMENTO OPORTUNO PARA IMPACTO POLÍTICO-ELECTORAL

A unos cuantos días de las elecciones federales, anunciar una acción contra un ex gobernador priista no deja de creerse que se trata de un impacto político-electoral, lo cual reconoce el diputado Miguel Ángel Arce Montiel “por la circunstancia en que se da. También, hay que decirlo, se busca hacerlo en el momento en que puede ser más receptiva la sociedad. Están a la vista las afectaciones que causó la administración de Ney González, pues hemos visto desfilar protestas de grupos de maestros en activo, de maestros jubilados, de trabajadores y burocracia municipal y estatal, campesinos, pescadores, estudiantes, maestros de teleprepas y sistema de educación indígena, trabajadores de salud, usuarios del sistema de salud estatal, vivienda e indígenas a los que el hambre los une, en fin. No hay respuesta a estas demandas con el argumento que les dejaron las arcas sin dinero, pero lo grave es que sólo se diga y no se actúe en consecuencia, o sea, presentando ante las instancias correspondientes una demanda penal por el desfalco, y más todavía cuando el gobernador Roberto Sandoval anunció al arranque de su administración la realización de auditorías, incluso que se contrató un bufete privado dirigido por Pedro Aspe Armella, connotado salinista, que sin duda se terminó pero jamás se ha dado a conocer. Yo conmino al mandatario estatal a dar a conocer el resultado de estas auditorías, porque fueron pagadas con dinero público, de nuestros impuestos”.

QUE NEY SEA SOMETIDO A JUICIO JUSTO

-¿Propugnan por una acción resarcitoria o que Ney González vaya a parar a la cárcel?

-“No, que se haga el juicio. Finalmente en un juicio tendrá derecho a defenderse, y defenderemos esta posición porque queremos que el indiciado tenga la manera de defenderse, aportar las pruebas correspondientes. Igualmente, diputados o integrantes de los diversos sectores sociales que han sido afectados con medidas producto del endeudamiento y desviación de recursos públicos, tengan la manera de probar que esto ha causado daños a la sociedad y a la economía estatal”.

 

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