Exigen al gobierno de Nayarit freno a crímenes de odio

La comunidad LGBTTTI no son personas anormales, ni pecadores, ni desviados, ni perversos, ni pederastas (estos últimos están en otro lado).

por: Oscar González Bonilla.

Entrevista con César Delgado Martínez.

El gobierno de Nayarit debe intervenir de inmediato para frenar ola de bestialidad contra personas gay, que en los últimos días ha derivado en la muerte con violencia de cuando menos tres transexuales en la ciudad de Tepic.

En cosa de un mes se han registrado con sadismo los homicidios de Raymundo Miramontes, Octavio Hernández Villanueva “Viri” y José Manuel Núñez Marín “Axel” con muestras claras de rechazo hacia la homosexualidad. Por ello, enérgico César Delgado Martínez, investigador artístico, exige al gobierno de Roberto Sandoval cumpla con su obligación de resolver estos casos a la brevedad posible con la detención del que pudiera ser asesino serial, sin descartar que sean varios los homicidas.

César Delgado considera que sería en verdad muy lamentable que las autoridades correspondientes dieran carpetazo al asunto con base en la fácil posición argumentativa de que se trata de crímenes pasionales, o bien, “pues así son los jotitos, ellos se matan entre sí”. Preocupa, porque la policía estatal ya lanzó un mensaje, en nota informativa, en este último sentido.

LOS AMPARA LA CONSTITUCIÓN Y DERECHOS HUMANOS

Propone el también crítico de arte que “el gobierno estatal debe lanzar una campaña en los medios públicos y privados de televisión, radio y prensa para que claramente establezca su posición de respeto a las diferencias sexuales, puesto que los gay tienen el derecho de acogerse a la protección de la Constitución, los derechos humanos, incluso de la ciencia.

Detalla César Delgado que la Comisión Internacional de Derechos Humanos, organismo independiente de la OEA, se pronunció en Washington sobre el asesinato de Octavio Hernández Villanueva “La Viri” y “da una serie de recomendaciones al gobierno del estado, entidad que, salvo declaraciones del licenciado (Edgar) Veytia, encargado de la Procuraduría de Justicia de Nayarit, no ha hecho ningún pronunciamiento, “lo cual me parece muy sospechoso, tengo la ligera sospecha de que el señor gobernador (Roberto Sandoval) no entiende cuál es el problema, mientras sus asesores no le dicen realmente lo que acontece”.

OTRO CRIMEN MÁS DESATARÍA SERIAS INCONFORMIDADES

No sólo la sociedad civil, sino organizaciones para defensa de la diversidad sexual demandan solución al caso de los crímenes por homofobia. “Si mañana o pasado aparece un muerto más en estas circunstancias, no sé qué pasaría”, expresa César Delgado, quien añade: “Por ejemplo, el caso de “Axel” tenía diez días de desaparecida, y según información de organización de apoyo a la diversidad sexual de Nayarit hay otra transexual desaparecida desde hace meses. Entonces, el gobernador tiene que ponerse a trabajar inmediatamente, puesto que de él se espera una respuesta concreta, así como un pronunciamiento de qué va a hacer al respecto”.

REPRESIÓN POLICÍACA INCREMENTA HOMOFOBIA

Sobre el comentario del reportero de que la persecución de homosexuales en las calles de la ciudad por parte de la policía municipal de Tepic incrementa la homofobia, César Delgado opina que se ha denunciado que hasta los han encarcelado sólo porque ejercen la prostitución. “Que me diga alguien si la prostitución está penada por la ley, creo, como se dice comúnmente, la prostitución es la profesión más antigua de la humanidad y no se puede atentar contra alguien “en nombre de las buenas costumbres”. No es posible vivir bajo la égida de una moral del siglo XIX. Vivimos en pleno siglo XXI donde no son delito, tampoco pecado, las preferencias sexuales diferentes a la dominante”.

Le parece terrible la decisión del Estado de no resolver el problema de manera global. En primer lugar que se atrape a los asesinos, cambiar cuerpos policíacos que agreden a las transexuales por ejercer la prostitución, que se realice una campaña de educación y que realmente se vea como un problema social, al margen de la criminalización.