El destino del juicio político

Por: Luis Ignacio Palacios.

Una vez despejado el horizonte de gobernabilidad, para los gobernantes de Nayarit y sus amplia base social que le sustenta la adhesión a sus políticas públicas, los titulares de los poderes, entusiastas y optimistas, merced al triunfo electoral de los suyos, se aprestan a seguir la normalidad institucional de las instituciones públicas; el diputado presidente de la comisión de gobierno, Armando García, estuvo amable y didáctico con los cofrades de los medios en el arranque de este mes, en su conferencia de prensa.

Induce los temas, deja abierto al impulso de los reporteros y periodistas de opinión, la agenda de preguntas, de todo se habla, hasta de impertinencias sobre la cultura gramatical y las precariedades expositivas de los diputados en la tribuna del Congreso; sin embargo, el ritmo y el tono de los temas, se llevan por los cauces de lo que hoy tienen en sus manos los integrantes de la XXX Legislatura.

El mes previo al inicio del periodo subsiguiente periodo ordinario de sesiones de este año, plantea varios temas que le son urgentes a sus peticionarios; el estudio y aprobación de la autorización para los nuevos empréstitos de los Ayuntamientos de Jala y Compostela; así como darle seguimiento a cuatro iniciativas de proyectos de ley y adiciones al marco legal local, cuyo estudio y discusión se trasladaron para este mes.

Estos temas serán la agenda del inminente periodo extraordinario de sesiones que se convocará en breve; el clima era de expectación, el escriba puso el tema en la atención del diputado García Jiménez; ¿el cauce legal de la demanda de juicio político en contra del ex gobernador, ya se instrumentó..? ¿se convoca a la comisión instructora..?

El líder del Congreso, ha revisado con acuciosidad el procedimiento previo de los que significa el “Juicio Político”, y nos da una puntual respuesta, a propósito de la demanda que presentó el diputado panista, Leopoldo Domínguez; con buen talante y sin ninguna afectación personal –como priyista- nos informa que conforme a las normas internas del Congreso, la demanda se turna a la Comisión de Justicia.

Para que sus integrantes en ejercicio de atribuciones, estudie la demanda y emita el dictamen respectivo, donde se funde y motive si existen los requisitos de forma y de procedencia; si está fundada y motivada, y si al satisfacer tales requisitorias, una vez que el pleno lo conozca se determine si se convoca a la sección instructora, para que se inicie ya, lo que es el verdadero juicio, es decir, el conflicto de intereses de un diputado y un desprestigiado ex gobernador, regulado por las normas del legislativo y conforme a la voluntad de sus integrantes.

El diputado presidente hace énfasis en la siguiente frase… “y si la comisión de justicia y derechos humanos, determina que la demanda no satisface los requisitos legales que la ley exige, allí se acaba el asunto…!”

Al buen entendedor pocas palabras; sin duda, si pasa el duro tamiz de la revisión de la Comisión de Justicia, siendo mayoría tricolor, es dable pensar que el pleno, no aprobará se convoque a la sección instructora para darle proveído a la demanda del buen Polo Domínguez.

LA IMPUNIDAD, Y SU COSTO PARTIDARIO

Todos los integrantes de los tres poderes, sus titulares y demás, principales funcionarios, tienen su origen en la avalancha que trajo consigo el sátrapa que precedió a este nuevo bloque que encabeza Roberto Sandoval, se entiende que los cambios constitucionales produjeron escisiones, fracturas evidentes y entendibles en el agotamiento de un atroz sexenio, cuya depredación de las finanzas públicas hipotecaron por treinta años o mas, la liquidez de los gobiernos.

Desconocemos los fundamentos y puntos petitorios de la demanda que presentó el diputado Domínguez, se antoja un esfuerzo unipersonal, por la bastardía con que se conduce el diputado Rafael Valenzuela que es líder de un panismo obscuro, gris, lene y acomodaticio, en este contexto, la incertidumbre política de si será o nó procedente tiene varias vertientes y una sola definición que se encuentra a condición suspensiva.

Las vertientes son, la naturaleza de los priístas, construyen su patrimonio y ascenso en las posiciones de gobierno, sobre los cadáveres de sus antiguos jefes; Peña Nieto subió merced a su impulsor Arturo Montiel, a quien desconoció en su pre campaña por la candidatura presidencial; Humberto Moreira ungido líder nacional del Tricolor fue defenestrado en cuanto afloró su megadeuda y el sucio proceder de falsificar acuerdos de su Congreso local que avaló los multimillonarios préstamos; y siniestros personajes que financiaron al ahora presidente electo desaparecieron del grupo compacto que cobijaron al mexiquense.

El actual gobernante, hizo un lene deslinde al arranque de su gobierno, a propósito de los cientos de basificados de último momento que le heredaron, dijo que “deveras se pasaron, son piiiiiiiiiiii…, chingaderas y medias…” más tarde, ya cuando agarró fuerza y hegemonía en su investidura, en un arranque de sinceridad calificó de “payaso y cobarde..” al sátrapa que le precedió; muchos se alegraron de este deslinde, pero hasta ahí se quedó, y lo inmediato surgió con analistas, “si Roberto no le da la puntilla, aquel hijo de la chingada se las va a cobrar y con creces si lo deja así…”.

Hoy, la impronta de la demanda del diputado Polo Domínguez, le entrega a los priístas, la espléndida oportunidad de resolver de una vez y para siempre, las herencias perversas que les dejaron y echar al basurero de la historia local, a un siniestro personaje que no deja de ser incómodo para los titulares de los tres poderes estatales; desembarazarse del ominoso ex gobernante, lo reduciría a vivir en su exclusiva residencia de Guanatos y administrar sus miles de millones de pesos que en bienes de capital e inversiones obtuvo en su tránsito por el poder.

Y de paso, dejará el claro mensaje para todos aquellos que dentro y fuera del gobierno aún sienten sus filias primeras con el ex y no con el que hoy manda; la resolución suspensiva para darle cauce al proceso legislativo de instaurar el juicio político, queda en la exclusiva voluntad del gobernador Roberto Sandoval, bajo la premisa que le construye el diputado presidente de la Legislatura; Armando García puede ser el tenedor de la llave que abra o cierre este proceso que sería, una verdadera eutanasia política del bloque en el poder, sin duda la esperada limpia del gobierno estatal.

Y si ponemos en el contexto, que solo se aplique la ley, sin favores, sin protecciones ni simulaciones, que los diputados apechuguen su responsabilidad, que para eso les pagan, si hicieron chingaderas, ¡pues que paguen sus faltas..!
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